Redadas en sitios laborales registran aumento en el país

Los operativos de ICE dejan cada vez más arrestados por trabajar con documentos falsos

Noticia cortesía de Rubén Moreno de LaOpinión

Exponerse a trabajar sin documentos o, lo que es peor, hacerlo con información falsa, es un riesgo cada vez mayor para quienes buscan cómo ganarse la vida en Estados Unidos sin tener la residencia permanente.

En los últimos cuatro años, la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha aumentado drásticamente el número de cateos en los lugares de trabajo, hasta el punto de producirse 532% más de arrestos de personas que han violado la ley federal con cargos criminales desde el ciclo fiscal 2004-05.

Lejos de detenerse, las redadas en empresas y centros de trabajo continuarán produciéndose en aquellos lugares donde las autoridades sospechen que hay empleados indocumentados, sin importar el tipo de industria que sea ni su tamaño.

"Esto es resultado de que tenemos muchos indocumentados, y para ICE resulta una prioridad detener estas prácticas, porque a menudo derivan en actividades criminales, como fraude y robo de identidad para conseguir un empleo, afectando negativamente la vida de quienes son residentes legales", señaló Lori Haley, portavoz de dicha oficina federal en California.

Si bien desde ICE no se ha precisado cuántos cateos se realizan al año, sus portavoces sí confirmaron que "hay numerosas investigaciones en lugares de trabajo que se están llevando a cabo", pero que "debido a su complejidad a menudo toman meses o años hasta completarse".

"Particularmente cuando intentamos encontrar cargos criminales contra un empleador", dijo Haley.

Entre octubre y el 11 de julio pasado, 937 personas fueron arrestadas con cargos criminales en lugares de trabajo, de las cuales 99 de ellas eran gerentes, supervisores o empresarios que sabían que habían contratado a indocumentados. El resto fueron trabajadores que hicieron uso de una identificación o número de Seguro Social falso.

Durante el mismo período en el ciclo anterior, esta categoría de arrestos deparó menos detenciones, un total de 863, mientras que más de 4,900 personas pasaron a disposición de las autoridades por permanecer en el país sin documentos, aunque no hicieran uso de una identidad falsa.

Dos años antes, ICE fijó el número de arrestados con cargos criminales en 716, mientras que los considerados únicamente como administrativos por no tener residencia permanente se situaron por encima de los 3,600.

"El hecho de que las redadas hayan ido aumentando no nos sorprende, porque sabemos que se están llevando a cabo a diario por mandato desde Washington", dijo Jessica Domínguez, abogada en asuntos migratorios.

"Lo que esto está provocando es que la comunidad cada vez tenga más miedo de salir de casa, y que sólo vayan al trabajo y regresen por miedo a ser detenidos y deportados. Pero tienen que ir al trabajo para sostener a sus familias", comentó Horacio Vargas, director ejecutivo de Latinoamericanos para el Desarrollo Económico y Social, una organización asentada en Detroit, Michigan.

Quienes se oponen a la inmigración indocumentada ven como "necesario" que cada vez haya más cateos en los centros de trabajo para mantener la economía del país a flote.

"Me gustaría ver que hay más acción contra los indocumentados que trabajan y quienes los contratan, porque esto termina creando explotación y esclavos a los que se les paga menos del salario mínimo, no reportan impuestos, y reducen las habilidades necesarias desplazando a otros que están preparados", indicó Jim Gilchrist, fundador del proyecto Minuteman.

Tan sólo durante el año pasado, ICE recaudó más de 31 millones de dólares a través de multas, restituciones y sentencias como resultado de los operativos llevados a cabo en centros de trabajo. Si las autoridades encuentran que el empresario tenía conocimiento de estar contratando a trabajadores sin documentos, pueden emitir una orden de cierre del negocio, mientras que las penas de cárcel oscilan entre los 10 y los 20 años en caso de incurrir además en lavado de dinero.

Sin embargo, como señala Chaim Magnun, abogado de defensa penal, lo más difícil es poder demostrar que el empresario realmente tenía conocimiento de que la persona a la que le dio trabajo era indocumentada, si actúa de buena fe y cree que los documentos falsos que presentó el solicitante eran verdaderos.

Por el contrario, y aunque cada caso es juzgado individualmente, quienes mintieron para conseguir un trabajo se ven expuestos a multas que comienzan en 100 dólares —y a las que siempre se suma un 271% en concepto de recargos y penalidades— hasta el proceso de deportación.

"En los 42 años que llevo en Estados Unidos, nunca había visto que estos ataques fueran tan grandes como los que se están llevando a cabo contra la población, y esto se ha demostrado que siempre es gracias a los republicanos", dijo el abogado, originario de Colombia.

"Como el gobierno sabe que no puede deportarlos a todos, lo que están haciendo es el suficiente número de redadas para crear pánico entre los indocumentados y así la gente vaya a querer deportarse a sí misma", comentó Angélica Salas, portavoz de la Coalición de Los Ángeles para los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA). "Pero aun así sabemos que la gente no se va a ir, porque es más fuerte el hambre que el miedo"

Las continuas redadas parecieran haber empezado a tener efecto entre quienes piensan dos veces si les merece la pena obtener un documento falso, luego de que el número de arrestados por trabajar sin identificación, pero sin haber hecho uso de una que fuera fraudulenta, disminuyó en al menos 500 detenciones respecto al año pasado.

"Una persona que no haya mentido sólo es acusada de violar la ley federal, pero quien usa un número de Seguro Social falso, además, es acusado de haber robado la identidad de alguna persona", dijo Magnum. "Aunque normalmente se evita el castigo económico y se les pasa a deportar directamente".

Los expertos recuerdan que en caso de que un indocumentado sea arrestado por las autoridades federales, éste tiene derecho a permanecer en silencio y a solicitar la presencia de un abogado.

"Si las autoridades están preguntando a esa persona arrestada, es porque no tienen información suficiente; pero si el indocumentado habla, sí pueden usarla en su contra", señaló Domínguez.